El diputado Andrés Celis calificó los hechos de “escándalo impresentable” y “un caos y un desorden brutal la forma de operar del GORE”
Un procedimiento disciplinario instruyó Contraloría contra el Gobierno Regional de Valparaíso tras una auditoría a las transferencias que realizó a entidades privadas sin fines de lucro a través de asignación directa entre el 1 de enero de 2021 y 31 de mayo de 2023. Esto para determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en tales hechos, otorgando además un plazo de 60 días para responder a la serie de incumplimientos a las normativas vigentes.
Entre ellas, Contraloría comprobó que el GORE de Valparaíso capacitó para postular al financiamiento de transferencias a 14 organizaciones privadas sin fines de lucro y universidades privadas, una actuación que llama la atención por su arbitrariedad, ya que no hay razones a la vista, ni argumentos fundados del GORE de porqué estas organizaciones y no otras.
Además, por ejemplo, se advirtió de una falta de detalle técnico en actividades de convenios con la Fundación TERRAM y las Corporaciones FIMA y EPMUSA, que permitieran evaluar la pertinencia de los montos a transferir.
Asimismo, se comprobó que el convenio con la Fundación Procultura para el proyecto “1a Residencia de Muralismo con Intercambio Cultural La Calera – Rossengärd, Suecia” por 25 millones de pesos, también contempló un aporte del municipio calerano para ítems ya financiados por el GORE, que además no han sido rendidos por la fundación, por tanto se puede estar ante un indebido empleo e incorrecta justificación de los gastos. También se verificó que la Fundación Procultura, en el marco del convenio señalado entregó al GORE dos cotizaciones, cada una de alrededor de 20 millones de pesos de dos trabajadores de la referida fundación. Y en dicho sentido, la Contraloría cuestiona en el documento “si tales presupuestos fueron presentados de manera independiente o si lo han hecho de forma concertada, existiendo una duda razonable en torno a si el monto por el cual se aprobó la iniciativa, corresponde o no al precio de mercado”.
Por otra parte, Contraloría también determinó que entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de mayo de 2023, el GORE realizó 53 transferencias a entidades privadas por más de mil millones de pesos, sin concurso público y no se acreditó que la asignación de estos fondos fiscales de manera directa estuviera justificada, considerando que los tratos directos deben ser excepciones. Y junto con ello se advirtió que al 30 de junio de 2023 los recursos pendientes de rendición otorgados a entidades privadas sin fines de lucro , mediante asignación directa, alcanzan casi 16 mil milllones de pesos.
Todo esto son solo algunas de las irregularidades detectadas y cuestionadas por la Contraloría en el informe de 57 páginas que data del 6 de diciembre de este año. Al respecto el diputado Celis señaló que “Es un escándalo impresentable la manera en que el gobierno regional ha utilizado los tratos directos en convenios con organizaciones privadas sin fines de lucro, saltándose descaradamente la normativa que implica que los tratos directos sin concurso público son una excepción y no la regla. Y encima de realizar múltiples transferencias directas por sumas millonarias, tampoco actuó ante las rendiciones pendientes de recursos otorgados, y también incurrió en atrasos en la revisión de las rendiciones de cuentas.”
El parlamentario cuestionó que ”. El Gore tampoco cuenta con un sistema informático para el control y monitoreo de las transferencias realizadas. Para qué hablar de que no tienen manuales de procedimiento administrativo respecto de la asignación directa de recursos, ni mucho menos un mecanismo que permita detectar, prevenir y/o documentar la existencia de eventuales conflictos de interés entre los funcionarios que se relacionan con los postulantes y ejecutores de los proyectos financiados. Es decir un verdadero caos, un desorden brutal y una forma de operar que no se ajusta en nada a la normativa y por supuesto en base a esto es que la Contraloría instruyó un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios del GORE involucrados en estos hechos y ha entregado un plazo de 60 días para que respondan a esta tremenda cantidad de irregularidades detectadas.”
Finalmente el diputado Celis informó que estudiará la factibilidad de pedir una comisión investigadora para indagar específicamente los tratos directos del Gobierno Regional de Valparaíso a organizaciones sin lucro, esperando contar el apoyo de los diferentes parlamentarios de la zona, señalando que ”Le haré la propuesta al jefe de bancada de Renovación Nacional y espero contar con su respaldo, mismo apoyo espero de los parlamentarios de la zona, porque como he dicho, en la lucha contra la corrupción los colores políticos deben quedar totalmente de lado. Tampoco descarto eventuales acciones penales ante este desastre al interior del GORE de Valparaíso. Remitiré copia del informe de Contraloría al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.”